Fumigaciones: llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

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Así lo dio a conocer la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos quienes se mostraron en contra del fallo de la Justicia entrerriana

La abogada, María Fernández Benetti, integrante de la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos fue entrevistada por el diario nacional Página 12 e indicó que “Nosotros vamos a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Tal como lo adelantábamos ayer, en Nuevo Mundo Digital,el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró que el Decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet es válido y habilitó las fumigaciones aéreas y terrestres a distancias menores a las que había dispuesto en su momento la propia Justicia.

Esto generó malestar en las organizaciones ambientales de la provincia quienes manifestaron por los medios nacionales su postura. Además de las distancias con las escuelas, María Fernández Benetti se refirió a que habían presentado en el amparo anterior un estudio realizado por científicos del Conicet en el que se demostraba que “8 de cada 10 niños de zonas rurales ya presentan daño genético”. “Eso fue contundente para todos los jueces previos y ahora el Tribunal lo ninguneó completamente”, denunció la abogada en Página 12.

En San José, vecinos y ambientalistas llevaron adelante las protestas en 2017 y 2018 por la fumigación cercana a la escuela Nº 54 “Carlos Sourigues” en Barrio Perucho.

Los problemas comenzaron en enero de 2018 cuando el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, sancionó el decreto Nº 4407, el que permitía la fumigación con agroquímicos a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de escuelas rurales. El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron un primer amparo y el juez Oscar Daniel Benedetto, y luego el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, fallaron a favor de los ambientalistas.

“En la causa madre, el juez (Benedetto) determinó que se iba a poner de forma provisional (una zona de exclusión de) mil metros terrestres y tres mil aéreos”, afirmó Fernández Benetti a Página 12 y agregó: “Podía poner la distancia que quisiera, pero siempre que estuviera fundamentada con un relevamiento serio, que diera cuenta del estado ambiental. Nunca hicieron esa fundamentación”.

Manifestación de vecinos y ambientalistas en Colón en diciembre de 2017 frente al ex Hotel Quirinale ante la presencia del Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere .

El decreto de Bordet habilitaba las fumigaciones a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de escuelas rurales, “medidas desde el centro del casco de la escuela rural”. Pero el STJ determinó que la Zona de Exclusión deberá medirse a partir de una barrera vegetal ubicada a 150 metros de la escuela. “Las distancias no se van a contar de la forma que ellos (el Gobierno de Entre Ríos) querían, sino a partir de la barrera vegetal. Ahí ganás metros”, explicó Fernández Benetti.

Por último la letrada expresó sobre el gobierno provinal: “Nos modificó en forma exprés la ley de procedimientos constitucionales, que es la que regula los procesos de amparo”. En agosto, cuando el decreto n° 2239/19 fue publicado en el Boletín Oficial provincial, la Coordinadora presentó un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del mismo. “Sabían que en la justicia perdían con estos jueces  (del Supremo Tribunal), que ya habían fallado a nuestro favor en dos ocasiones –sostuvo Fernández Benetti. Como no podían cambiar la postura de los jueces, hicieron que (la causa) cayera en otros miembros del Tribunal”.

La palabra del Estado provincial

Fiscal de Estado de Entre Ríos, Rodríguez Signes

Por su parte el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Rodríguez Signes, dialogó en Análisis Digital, sobre la decisión del STJ (de Entre Ríos). “Nos obliga a garantizar que lo que nosotros dijimos en el decreto, que se garantiza la seguridad ambiental y la salud, se concrete realmente con las acciones”, además agregó: “Esto significa que a partir de esta sentencia, este decreto que ya tenía validez en muchas cláusulas, adquiere completa validez, en particular, lo más sensible de todo es el tema de las distancias”.

“En las sentencias anteriores, las distancias que se habían fijado eran de 1.000 metros y 3.000 metros de exclusión para la aplicación de plaguicidas y ahora es de 100 metros y 500 metros”, ahondó. En este punto, aclaró: «Hay que hacer una pequeña corrección, que es que la distancia hay que computarla no desde el casco de la escuela como está en el decreto sino desde el límite de propiedad de la escuela. Salvado eso, el decreto es completamente válido y legítimo”.

Por último resaltó que «Si bien el decreto 2239 es legítimo y válido y se va a aplicar, hay que destacar que todos estos amparos promovidos por el Foro Ecologista y Agmer, motivaron a poner el foco en este tema. Es un tema en el cual evidentemente había falencias, y este decreto viene a llenar estas falencias, donde no había nada”.

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