Informe da cuenta de las “alarmantes” condiciones que atraviesan quienes están detenidos en comisarías de la provincia

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) presentó el informe denominado Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaldías de Entre Ríos • “El trabajo permite constatar que la situación de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y derechos humanos”, advirtieron en el informe al que accedió APFDigital

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) presentaron este jueves el informe denominado Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaldías de Entre Ríos.
En las conclusiones generales se indica que “el trabajo de inspecciones y observación realizado sobre las 14 comisarías y alcaidías ha permitido visualizar situaciones problemáticas cotidianas vinculadas a las condiciones de encierro de personas privadas de la libertad (PPL) en la provincia de Entre Ríos a mediados de 2022”.
“Pero, sobre todo, creemos que sirve para alertar una vez más -pero de forma aún más direccionada- sobre las indelegables responsabilidades del Estado en materia de Derechos Humanos”, se indica en el informe, al que accedió esta Agencia.
“El resultado de este informe es necesariamente un llamado de atención a las autoridades públicas, pero también a la sociedad en general”, se advierte en las conclusiones del análisis, que tiene 76 páginas.
“La garantía y vigencia de los derechos humanos en general y en los ámbitos de encierro en particular, como bien sabemos por la experiencia histórica, no se salda ni cercanamente con la mera sanción de leyes o normativas, ni con la disposición de reglamentos y protocolos, sino que depende de la acción del Estado promoviendo de forma constante las condiciones necesarias para su realización y vigilando y evaluando de forma permanente su efectividad.
Y ello requiere de marcos normativos claros, pero sobre todo lisa y llanamente, de inversión pública coherente, suficiente y constante para proporcionar establecimientos con estructura, organización y prestaciones compatibles con la dignidad humana”
“El trabajo realizado permite constatar que la situación de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio de la provincia de Entre Ríos es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y realización de los derechos humanos”.
“En función de lo observado cabe afirmar que la estructura y estado de los espacios destinados a la detención de personas presenta rasgos similares a los de una unidad penal, con la particular diferencia de que se puede identificar un discurso que busca justificar que las medidas de seguridad son tendientes a evitar autolesiones o lesiones a terceros, constituyendo este el criterio determinante para el diseño de los ambientes y las dinámicas cotidianas.
Según el informe, las conclusiones a las que se arribó deben tener en cuenta, al menos por lo menos, los siguientes factores:
. Decisiones presupuestarias: Al respecto cabe resaltar que muchas de las mejoras de infraestructura no demandarían una importante erogación económica sino, más bien, una afectación específica de parte de los fondos a los fines de dignificar el alojamiento de las Personas Privadas de la Libertad (PPL)”.
“Al momento de la inspección, pudieron visualizarse numerosos trabajos de mejoras edilicias, aunque ninguno contemplaba la mejora en la zona de celdas, calabozos, sanitarios, etc. Destinados a PPL”.
. Preparación del personal para trabajar con personas detenidas: “Esto incluye no solamente al personal policial, que además de ser formado para otros fines, carece de capacitación para trabajar idóneamente con personas en situación de privación de libertad. Pero además es significativa la ausencia de equipos interdisciplinarios (psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería, medicina, etc.) que puedan acompañar la estadía en los lugares de encierro transitorio, principalmente en lo que respecta a la contención emocional, salud mental y tratamiento de consumos problemáticos”.
. Naturalización de prácticas violentas y violatorias de derechos: “En caso extremos, ciertas prácticas poseen la fuerza de llevar estos centros de detención a los márgenes de la legalidad acercándolos a la clandestinidad. Podemos citar el ejemplo del detenido que pasó diez días sin que se diera aviso a las defensoras oficiales o de las PPL durmiendo en el piso, con frío y golpeadas en muchos casos”.
Organización del ministerio público en Entre Ríos: “Sólo tres de las ocho localidades visitadas cuentan con Defensorías Penales exclusivas (Gualeguaychú, Paraná y Concordia, en este último caso, defensores penales que al mismo tiempo son defensores pupilares). En el resto de las localidades (Villaguay, Colón, San Salvador, Victoria y Diamante) hay Defensorías Multifueros”. (APFDigital)